Propaganda Electoral

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Regina Nájera Cambero

Alumna de Relaciones Internacionales y Derecho de la Universidad de las Américas Puebla.

La propaganda se ha convertido en un modelo ejemplar al que se acude en periodo de elecciones. El artículo 211 de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales (LGIPE) nos indica que la propaganda electoral es todo medio aquel que cumpla con la finalidad de expresar y difundir las propuestas políticas de las personas postuladas a una candidatura para algún cargo sometido a votación popular[1]. Según el artículo 209 de la misma ley, este material puede ser desde imágenes hasta signos y emblemas, siempre y cuando cada uno de ellos mencione tanto el nombre de la persona en la candidatura como también el nombre del partido político o si aplicable, de la coalición.

            En el contexto global en el que actualmente nos encontramos, este recurso ha evolucionado y se ha convergido ahora no sólo con los medios de comunicación tradicionales, sino que también con los sitios web y las redes sociales, volviéndola en propaganda digital electoral. Como consecuencia, se ha logrado tener un mayor alcance popular con aún más facilidad y con una reducción de costos en la preparación y divulgación de la publicidad política.

Las ventajas de este cambio para los candidatos y los partidos políticos son evidentes, y por lo mismo se ha utilizado este método por más de dos décadas[2]. Empero, es de suma importancia enfatizar en las diversas implicaciones negativas que la propaganda digital electoral puede tener, no sólo en las personas en la candidatura, sino en la población en específico. De primera instancia tenemos una desventaja proveniente del acceso a los medios digitales. Hay que recordar que a pesar de que éstos faciliten la difusión de la propaganda a un menor costo, hay una oportunidad inequitativa al ingreso a las plataformas digitales puesto que éstas son gratuitas una vez que se considera el acceso a internet; sin él, no hay manera alguna en la que se pueda utilizar el recurso de la propaganda digital electoral. [ICL1] 

Ahora bien, una de las mayores repercusiones que se tienen recae en la capacidad de la propaganda de influenciar la opinión pública a través de medidas no necesariamente éticas. Por lo tanto, en el artículo 209 de la LGIPE establece la prohibición y la posible sanción a todo tipo de propaganda electoral que fomente el intercambio de un bien o un servicio (ya sea directo o indirecto) por un voto a favor. Asimismo, en este artículo se restringe la duración del uso de propaganda ya que queda inhabilitada durante toda la jornada comicial.

Es común la detonación de experiencias personales sumamente vívidas que usualmente están arraigadas en la memoria para la creación de un vínculo entre la persona en la candidatura con la población para incentivar un razonamiento análogo y así se logre influir en la opinión pública[3]. Debido a la normalización de estas estrategias engañosas y que únicamente generan un abuso de confianza hacia su ciudadanía y hacia su sistema democrático, se ha desarrollado otro nuevo tipo de propaganda digital denominada como: publicidad nativa, la cual consiste en buscar una nueva apelación de manera tal que logre pasar desapercibida y, por ende, sea menos probable a sujetarse a las normas de propaganda electoral[4].

La problemática más grave que se encuentra en la publicidad nativa se encuentra en el mecanismo detrás de ésta ya que procura crear un pareo entre la información buscada en cierta plataforma con la aparición de los anuncios; es mucho más personalizada por lo que el riesgo de someterse al sesgo sistematizado de la propaganda digital electoral se vuelve mayor.

La importancia de concientizar a la población no sólo de los beneficios de la propaganda digital en actividades políticas electorales, sino también de las fuertes implicaciones que éstas pueden traer en las personas es lo que hará que evitemos caer en los engaños y en las falacias de las propagandas digitales; y en efecto podamos ejercer un voto universal, libre, secreto, personal e intransferible, tal como lo establece el artículo séptimo de la LGIPE, en las próximas elecciones.  


[1] “Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”, s/f, 225.

[2] Tamara A. Small, “Digital Third Parties: Understanding the Technological Challenge to Canada’s Third Party Advertising Regime: DIGITAL THIRD PARTIES”, Canadian Public Administration 61, núm. 2 (junio de 2018): 266–83, https://doi.org/10.1111/capa.12263.

[3] Shekhar Misra, “DECEPTIVE POLITICAL ADVERTISING: SOME NEW DIMENSIONS” 18, núm. 1 (2015): 11.

[4] Irina Dykhne, “PERSUASIVE OR DECEPTIVE? NATIVE ADVERTISING IN POLITICAL CAMPAIGNS” 91 (s/f): 45.


 [ICL1]Podrías hacer una breve mención al artículo 6 constitucional y la obligación del Estado de proveer estas infraestructuras.